Fue un período de tiempo marcado por la inexistencia de una normativa sobre precedencias del Estado, que fuese acorde con la Constitución Española de 1978.
Algunos autores y profesores, expertos en protocolo, denominan "caos protocolario" a un período en la historia de España, que se inicia con la Transición y que concluye con la aprobación del Real Decreto 2099/1983 de 4 de agosto, sobre Ordenación General de Precedencias del Estado.
Durante la dictadura de Franco, apenas se regularon los diferentes aspectos del protocolo oficial del Estado. Sólo al final del Régimen, en 1968, se aprobó una reglamentación, por medio del Decreto 1483/1968 de 27 junio. Este texto legal aportó seguridad jurídica en la organización de los actos oficiales de aquella etapa histórica.
Pero llegó la democracia y la normativa de 1968 continuó vigente. La creación de nuevas instituciones democráticas y el nacimiento de organismos y entes, al amparo de la incipiente Constitución de 1978, determinaron que el decreto franquista deviniera inaplicable. Sin embargo, hasta 1983 no se promulga una nueva normativa sobre precedencias en nuestro país. Por esta razón, el período comprendido entre la llegada de la democracia y 1983 fue un tiempo complicado para todos los técnicos en protocolo, huérfanos de una reglamentación en la que apoyarse (un "caos protocolario").
El Decreto de Precedencias de 1983 vino a colmar las necesidades de una norma protocolaria ajustada a la Constitución y al estado de derecho. Sigue vigente desde entonces, aunque muchos discuten ya la necesidad de actualizarla. El desarrollo autonómico está logrando dejar desfasado el viejo decreto, quizás estemos asistiendo al nacimiento de un nuevo período de "caos protocolario".
